Supuesto de hecho.

Este caso trata sobre un individuo que fue detenido el 12 de junio de 2020 por la Policía Nacional en Madrid, España, por estar presuntamente en el país de manera irregular y sin la documentación adecuada. Como resultado de su detención, se inició un proceso de expulsión basado en una supuesta infracción de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El protagonista recibió una orden de expulsión sin la opción de una multa pecuniaria, y se le prohibió regresar al país durante cinco años. A pesar de presentar alegaciones dentro del plazo establecido, estas fueron desestimadas. Además, la resolución administrativa no fue notificada hasta el 23 de marzo de 2023, excediendo así el plazo legal de seis meses para resolver y notificar. Debido a la aparente injusticia de esta resolución, se presentó una demanda contencioso-administrativa.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo del cliente es el hecho de impugnar la resolución administrativa de expulsión del país.