Doña Pepa contrató con la Entidad Bancaria X una linea de crédito acompañada de una tarjeta a la que se le acompañaba una periodicidad de pago así como un interés mensual que superaba el TAE estimado por el tipo de interés al consumo fijado por el Banco de España. La linea fue contratada vía online, por lo que no hubo una negociación contractual y permaneció vigente hasta noviembre de 2019. 

Durante ese periodo, se le retienen a doña Pepa cantidades que ella considera abusivas. A tenor de esto, comienza una serie de reclamaciones contra la entidad de las que no recibe ninguna respuesta. Es por ello que interpone una Demanda con la finalidad de anular el clausulado abusivo del contrato suscrito entre ambos y que se le reintegren las cantidades sustraidas en base a los intereses superiores a los establecidos por el Banco de España. 

La clienta solicita la nulidad de las cláusulas suscritas de manera online en un contrato de crédito. De esta manera se entiendan que los intereses reclamados han sido usurarios, y por tanto se devuelvan las cantidades abusivas que han sido cobradas por la Entidad Bancaria X. 

La estrategia del abogado se fundamenta en la demostración de que ha existido una abusividad en la imposición de intereses por parte de la entidad. Por otro lado, no ha existido una transparencia en la comunicación de las condiciones de la contratación por parte de la entidad, ya que el contrato ha sido realizado de manera digital sin un poder efectivo de negociación por parte de la demandante. Además, el abogado alega el desconocimiento de la parte demandante a través de una Sentencia incapacitante que tiene la parte demandante en otro procedimiento. 

Mediante la aplicación de normativas como la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se busca el demostrar que las cantidades que han sido cobradas por la entidad son usurarias y por tanto han de serle devueltas a la clienta.