El día 26 de octubre de 2016 la cliente del despacho de abogados, Doña J., contrajo un contrato de tarjeta de crédito con una entidad de préstamo. Dicho contrato, en sus cláusulas, contenía la disposición de un determinado dinero para Doña J., además de unas cuotas de interés del 27 % T.A.E., así como un interés anual del 24 %.

Tras la contratación de la tarjeta de crédito Doña J. advierte que está pagando unas cuotas muy altas para el préstamo que ha recibido, por lo que considera que algo no va bien. Cuando consulta las condiciones del contrato, de las que no había sido informada, constata la presencia de unas cláusulas contractuales muy perjudiciales para sus intereses, por lo que se pone en contacto un el despacho de abogados para ir a juicio y reclamar la eliminación de las cláusulas que no se ajusten a la ley.

Doña J. desea la eliminación de las cláusulas que sean perjudiciales para sus intereses y sean abusivas al no ajustarse a la legislación.

La representación legal de Doña J. buscará impugnar judicialmente las disposiciones contractuales que incluyen cláusulas abusivas para declarar su nulidad, lo cual las elimina automáticamente del contrato. Además, la devolución de las cantidades económicas indebidamente pagadas en concepto de los intereses abusivos.