A fecha de 26 de marzo de 2002, el cliente contrata un préstamo de hipoteca con una entidad bancaria. En dicho contrato, la entidad bancaria incluyó una cláusula que obligaba al cliente a hacerse cargo de una serie de gastos como los gastos derivados de la escritura, pagos a notarios y registradores, gastos en caso de apertura de un proceso judicial, etc.

El cliente, que alega desconocer el contenido de la cláusula que incluye la entidad bancaria, contrata el préstamo en calidad de consumidor, ya que lo realiza fuera de la actividad profesional que realiza. Además, el cliente alega que entre él y la entidad bancaria no existió posibilidad de negociación alguna a cerca de la cláusula en cuestión, por lo que le fue impuesta de cara a la firma del contrato.

En busca de solucionar la controversia de forma amistosa, el cliente llevó a cabo una petición extrajudicial ante un juzgado de paz, sin obtener respuesta alguna por parte de la entidad bancaria, por lo que se ve obligado a acudir al despacho de abogados para formular las acciones necesarias.

El objetivo del cliente y del despacho de abogados es que la entidad bancaria lleve a cabo la devolución del importe que el propio cliente ha abonado en concepto de gastos de hipoteca, enumerados en la cláusula controvertida del contrato de hipoteca.

La estrategia del abogado del cliente girará en torno a que sea declarada la nulidad de la cláusula del contrato que obliga a éste a hacerse cargo de todos los gastos de la hipoteca a través de las leyes de protección a los consumidores y de restricción de cláusulas abusivas, así como que le sean devueltos al cliente por parte de la entidad bancaria todos los gastos que dicha cláusula le ha reportado durante el periodo de vigencia del contrato.