Se interpone demanda de procedimiento ordinario frente una entidad financiera para ejercer la acción individual de nulidad de condición general de la contratación y de condena al reintegro de las cantidades que se han cobrado de manera indebida por esta entidad, donde la parte demandante tiene contratada con dicha entidad una tarjeta de crédito, anteriormente contratada con otra mercantil que posteriormente se pasó a denominar como actualmente se denomina.

Tras solicitar copia del contrato y del extracto de todos los movimientos de la tarjeta mediante burofax, solamente se ha recibido por parte de la entidad un correo electrónico en el que se solicita su DNI y el del representante con autorización firmada, no teniendo sentido puesto que el burofax fue remitido por el cliente, en el que se adjuntó la copia de su documento.

Por ello, con independencia de no disponer copia del contrato y a la vista de los resúmenes de operaciones que envían al cliente, de los que solo se conserva una parte de ellos, se puede concluir que se aplican unos intereses abusivos, procediendo a interponer demanda.

Se tenga por formulada la demanda de juicio ordinario contra la entidad financiera y se declare la nulidad del contrato de la tarjeta de crédito objeto de este pleito, así como los intereses de disposición de efectivos y compras que excedan de lo establecido por el Tribunal Supremo y la comisión por devolución de recibos.

Nos encontramos ante un sistema de crédito denominado revolving, en el que una entidad concede una línea de crédito con un límite del que puede disponer el cliente, concluyendo que se aplican unos intereses abusivos y contrarios a la denominada Ley Azcárate, pues se aplican intereses del 24,00% TIN y 26,82 TAE% para compras y efectivo, pues tras reducir el tipo de interés al 20% TIN, al ser de cálculo mensual, el TAE es superior al 20% que señaló el Tribunal Supremo, suponiendo entonces casi un 22% TAE, con el fin de hacer creer que le aplican al consumidor el límite señalado por el Alto Tribunal, no siendo así. A pesar de esto, para que pudiera tener fundamento su pretensión, debía haber recalculado todos los recibos desde el inicio del contrato, no solo desde la resolución judicial. Es decir, desde la vigencia del contrato de la tarjeta de crédito, se han aplicado unos intereses del 24% TIN y del 26,82% TAEm por lo tanto, es nulo por usurario.