Don Ignacio es titular de un bien inmueble, sobre el cual celebra un contrato de arrendamiento el 1 de abril de 2013 con Doña Mónica, por una duración mínima de un año, con tácitas reconducciones anuales de manera sucesiva a menos que se denuncie en el plazo de treinta días anteriores a la fecha en la que vence el contrato, y teniendo el mismo una duración máxima de cinco años. Se pacta que la renta sea de 4.800 euros anuales, debiendo pagar Doña Mónica mensualidades de 400 euros los primeros cinco días de cada mes, entregando además una mensualidad en concepto de fianza.

El 21 de febrero de 2018 se envía burofax a la arrendataria señalando que el 1 de abril del mismo año finaliza el contrato por haber concluido el plazo pactado de cinco años, no existiendo voluntad del arrendatario de renovar el contrato, y no pudiendo prorrogarlo. El burofax es recibido por Doña Mónica el 22 de febrero, dándose por notificada, debiendo desocupar el inmueble el 1 de abril y firmar el documento de entrega de las llaves del mismo al arrendador. Ese día en presencia de ambas partes se procedería a examinar las condiciones de la vivienda.

Desde la fecha de la notificación de no continuar con el contrato la demandada no abonó la renta, debiendo a Don Ignacio la cantidad de 800 euros en concepto de dos mensualidades. Frente a esto, fueron múltiples los ofrecimientos del arrendador para facilitar el pago de rentas a Doña Mónica, permitiéndole incluso, por causa justificada y entendiendo las complicaciones que supone la compraventa y alguiler de inmuebles en Madrid, salir un mes más tarde del domicilio, durante el mes de mayo, y no en abril como debería. La demandada se ha negado a todos estos ofrecimientos, manifestando que va a continuar en el inmueble hasta que encuentre otro de iguales características, a sabiendas de que se encuentra en una situación de incumplimiento del contrato. 

Por ello, Don Ignacio presenta demanda ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Madrid solicitando el desahucio por expiración del plazo contractual y reclamación de las rentas debidas de Doña Mónica. Su demanda es estimada íntegramente por sentencia en fecha 9 de julio de 2018, condenando a la demandada a desalojar la vivienda y a abonar los 800 euros debidos en concepto de las dos mensualidades debidas, más las rentas que devenguen hasta la efectiva posesión de inmueble por el arrendador.

Con posterioridad a la sentencia, se presenta demanda de ejecución de la misma, solicitando que se fije día y hora para el lanzamiento y que se ejecute la condena relativa al abono de las cantidades debidas en concepto de rentas. Mediante Decreto, el Juzgado determina el requerimiento de Doña Mónica para que evacúe y deje libre el inmueble, bajo apercibimiento de lanzamiento que se llevará el 23 de noviembre de 2018, autorizando a la Comisión Judicial para que, si es necesario por estar el inmueble cerrado o la arrendataria no permita entrar al mismo, se llame a un cerrajero para poder entrar, recabando la ayuda de la fuerza pública si fuera necesario. Se requiere además que la arrendataria retire sus bienes antes del señalamiento, entendiendo que si no los retira se considerarán abandonados. 

El objetivo del cliente es que se declare el desahucio de la demandada del inmueble debido a la expiración del plazo del contrato de arrendamiento, dejando libre y expedita la vivienda, y que se le abonen las cantidades debidas por esta en concepto de rentas del inmueble hasta que se ejecute la sentencia.

La estrategia del abogado es que, teniendo por presentada la demanda, el juzgado dicte sentencia por el que se decrete el desahucio de la mujer del inmueble y se le condene a pagar las rentas debidas a su cliente.

Una vez dictada la sentencia estimatoria de la demanda por la que el abogado solicita el desahucio y la reclamación de las rentas debidas, presenta demanda de ejecución de la sentencia, solicitando que se fije día y hora para el lanzamiento y que se ejecute la condena relativa al abono de dichas rentas hasta la efectiva posesión del inmueble.