El Sr. F. , junto a los ya condenados Don S., Doña D., Don V. y  Don A., constituían un grupo criminal dedicados a la falsificación y copiado fraudulento de tarjetas de crédito y débito, mediante la utilización de la modalidad conocida como " carding", que se define como el tráfico ilícito y fraudulento de la información contenida en las tarjetas de crédito o "dumps". De este modo, tras acceder a los servicios de expertos hackers, que obtienen ilegalmente los datos de las tarjetas de bases de datos, adquirieron y se encargaron de crear tarjetas de crédito mendaces y documentos de identidad falsos que utilizaban para realizar compras de mercancías, para luego revenderlas y así obtener un lucro económico.

Doña D. se encargaba de gestionar y facilitar las tarjetas clonadas a los demás integrantes del grupo, previo concierto con ellos, y en concreto con Don V., de quien poseía en su vivienda un certificado de Registro ciudadano de la Unión Europea a nombre de M.I., identidad falsa que utilizó para efectuar compras fraudulentas. Igualmente se intervino en poder de Doña D un contrato a nombre de Don S. Don V.  el día 22 de junio de 2012 le pidió por teléfono a D. que tirase la bolsa con documentación falsa que tenía.

Asimismo D. regentaba un local que sirvió como lugar de reunión de los integrantes del grupo donde se repartían las tarjetas clonadas y las mercancías adquiridas ilícitamente. El día 26 de julio de 2012 agentes de policía registraron el trastero de la tienda done se intervinieron contratos así como instrumentos utilizados para la falsificación y numerosas tarjetas que fueron utilizadas para multitud de compras.

El grupo disponía de los atos ( numeraciones de tarjetas bancarias), software y hardware necesarios para la creación ( clonación) de tarjetas plásticas con banda magnética perfectamente operativas. Además, tenián los medios necesarios para dotar a los equipos de acceso a internet y realizar conexiones seguras con otros equipos remotos para el envío/recepción de datos con una alta seguridad . 

El objetivo del cliente es que le reintegren las cantidades de dinero que han sustraido.

La estrategia del abogado consiste en demostrar mediante las pruebas obtenidas en las diligencias previas que los acusados son autores de la falsificación de tarjetas y que realizaron numerosas transacciones para adquirir bienes ( perfumes, zapatos...) y luego revenderlos.

En cuanto al perjuicio causado, se demuestra mediante extractos bancarios así como tickets de compra, la cantidad que efectivamente consiguieron estafar, aunque consta que en multitud de ocasiones no lograron su cometido.