El 5 de julio de 2019 a las 15 horas, el interno Don Francisco tenía prevista una comunicación con su mujer, dentro de la prisión donde él mismo se encontraba. No obstante, al aparcar la mujer en el parking del Centro Penitenciario, es requerida por cuatro o cinco agentes, mandándola bajar del vehículo para prodecer a registrarla, encontrándole una pequeña botella de alcohol oculta en el pecho, debajo del sujetador.

Ya con la botella incautada por un agente, se dirige al interior del establecimiento con el propósito de llevar a cabo la comunicación con su marido, encontrándose con un funcionario que portaba el alcohol incautado, y que comunica a su compañero encargado del acceso al recinto que no la deje pasar por este motivo. Finalmente, se le comunica la suspensión de la comunciación.

A pesar de esto, el interno, siendo trasladado de vuelta a Valladolid el día siguiente a estos hechos, continúa manteniendo comunicaciones con la esposa, teniendo incluso un vis a vis de carácter familiar al que acuden también su madre y su sobrino. 

El 18 de julio regresa al Centro Penitenciario, haciéndole saber el día siguiente, día 19 de julio, que mediante Acuerdo de la Dirección y por el peligro que supone para el buen orden y seguridad del establecimiento la conducta de su mujer, se procede a la suspensión de las comunicaciones con cualquier persona que tuviera derecho a ellas, no solo con su esposa durante un plazo de seis meses. 

Son tres los posibles objetivos del cliente:

• O la revocación de la suspensión en las comunicaciones por considerar que incautar una pequeña botella de alcohol en el aparcamiento del establecimiento penitenciario no supone una puesta en peligro de la seguridad del recinto, puesto que no se puede determinar si su mujer iba a acceder dentro del lugar con ella o no, al ser directamente incautada nada más bajar del vehículo.
• O que la extensión de la suspensión se extienda únicamente a las comunicaciones de su mujer, permitiendo al resto de comunicantes autorizados que continúen comunicándose con él. 
• O bien una reducción de la suspensión, que suponga un límite inferior de los seis meses.

El abogado presenta un escrito de queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León (Palencia) sobre la decisión de  suspender las comunicaciones del interno representado durante un plazo de seis meses.