Supuesto de hecho.

La empresa Spark. S.L  es una entidad dedicada a la venta de inmuebles, desarrollando como actividad principal la promoción y desarollo de viviendas de protección oficial. Lucía, es administradora única de la entidad desde el año 2008, mismo año en el que se celebró la Junta General Universal y los administradores que por entonces tenían tal cargo dimitieron, nombrándose como administradora a la ahora denunciada. Entre sus funciones se encuentra, la gestión y asesoría de personas físicas y jurídicas en diversas materias: contable, financiera, fiscal, así como la administración, conservación y mantenimiento de las comunidades, edificios e instalaciones.

El 20 de febrero de 2008 se procedió por parte de la Hacienda Pública a una inspección de comprobación del ejercicio fiscal de la entidad, dichas actuaciones de comprobación han puesto de manifiesto con relación al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2.008, la existencia de un fraude consistente en contabilizar, consignar en escritura pública y declarar en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2.008 unos ingresos por ventas de viviendas inferiores a los efectivamente satisfechos por los compradores, lo que determina, por tanto, la percepción por la entidad vendedora de unos sobreprecios que no han tributado en el citado impuesto. El fraude corresponde a un importe de 294.268,17 euros, declarando en ese año ventas por un total de 9.376.733,43 euros.

Objetivo. Cuestión planteada.

Recurso de reforma y subsidiario de apelación:

El objetivo del cliente consiste en interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de incoación de diligencias previas para que el procedimiento no continúe y termine con el archivo de las actuaciones o la inadmisión de la denuncia formulada por parte de la Hacienda Pública, al no ser los hechos constitutivos de delito alguno.

Procedimiento Abreviado:

Tras el auto acordando continuar el presente procedimiento, la parte denunciante decide prestar su conformidad con la acusación del Minsiterio Fiscal, siendo su principal objetivo ahora solicitar que la pena privativa de libertad quede en suspenso.