La madre de la parte actora contactó con la Clínica dental y el odontólogo, parte Demandada, a fin de que le efectuaran un presupuesto para un tratamiento médico-bucal.

Dicho tratamiento contemplaba la extracción de varias piezas dentales, tanto en mandíbula superior como inferior, injerto de hueso y colocación de diversos implantes. El presupuesto del tratamiento ascendía a la cantidad de 18.530 euros.

En esa misma fecha se confeccionó un segundo presupuesto en el que no se implantaban coronas y se colocaban 2 prótesis hibridas atornilladas y cuya cantidad ascendía a 11.950 euros.

La madre del demandante abonó en dos periodos que se correspondían con el calendario de pago pautado por la demandada, dos cantidades de 2.700 y 5.500 euros respectivamente.-

Una vez aceptado el presupuesto, se procedió al inicio del tratamiento acordado, por lo que, se extrajeron a la paciente diez piezas dentales de la mandíbula inferior y le implantaron seis tornillos, tres de los cuales fracasaron y hubieron de ser extraídos con posterioridad porque dañaban el nervio, lo que le provocó una grave infección con fuertes dolores y mucho malestar.

Consta que no se prescribió ningún antibiótico en el momento de la extracción y colocación de las coronas, ni se le había prescrito con anterioridad a la cirugía. Por tanto, como consecuencia de dicha infección, estuvo en situación de incapacidad transitoria durante 2 meses en lugar de 72 horas que inicialmente se le prescribió por la demandada de reposo obligatorio. Asimismo, tenía una imposibilidad para poder comer que, como no se le dio solución, se alargó hasta el fallecimiento de la paciente.

Posteriormente la señora fue diagnosticada de tumor maligno en el lóbulo superior del pulmón con metástasis en el cráneo por lo que requirió tratamiento de quimioterapia. Asimismo, acudió en varias ocasiones a la Clínica, pero no ofrecieron solución alguna.

Finalmente, el demandante comunicó el fallecimiento de su madre a los demandados y solicitó el historial médico y el documento de consentimiento informado que no le fue entregado pese a varios requerimientos. Además, solicitó que se procediera a la devolución del exceso de las cantidades entregadas para el tratamiento no terminado, motivo por el cual, la demandada requirió al actor que aportase la aceptación de herencia, pero una vez entregada tampoco devolvió la cantidad reclamada.

Por otro lado, la parte demandada negó toda responsabilidad, considerando que no se ha producido mala praxis en su intervención respecto de la parte actora, y que la actuación de los profesionales ha sido correcta.

Sin embargo, no hubo oposición en cuanto al presupuesto confeccionado, al inicio del tratamiento y al cobro de las cantidades que han quedado acreditadas, ni al fracaso de algunos de los implantes, tampoco hay oposición en cuanto a la fecha, en que se le entregó el consentimiento informado.

Asimismo, concurrieron dictámenes periciales contradictorios de ambas partes, estimándose al final el informe emitido por la perita de la parte actora concluyendo la existencia de varios actos de mala praxis. Del mismo modo, la intervención realizada en la paciente empeoró su calidad de vida y su cuadro clínico de base.

La parte actora ejerció una acción de reclamación de cantidad de 58.231 euros desglosándose en: 50.000 euros en concepto de daños y perjuicios físicos y psíquicos y morales; 8.231 euros en concepto de la total cantidad abonada a la demandada o subsidiariamente la cantidad de 7.299,50 euros, a consecuencia de la negligencia médica profesional, más intereses y costas.

Se interpone la demanda con el objeto de que el demandado sea condenado a abonar la cantidad de 58.231 euros, en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de una negligencia médica profesional.

La abogada busca el reconocimiento de dicha negligencia médica y de la mala praxis llevada a cabo por la clínica dental y su Administrador-odontológo, derivando graves daños y perjuicios, físicos, psíquicos, y morales, a la paciente. Asimismo, la no aplicación de la Lex Artis Ad Hoc, esto es, al no haber aplicado un tratamiento paliativo, ni haber realizado pruebas previas preventivas.

La demanda se articula en base a la culpa o negligencia establecida en el art. 1902 en relación con los artículos 1101, 1103, 1104 del Código Civil.