Resolución de 29 de julio de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de La Rioja, por la que se rechaza la inscripción de un acuerdo de ampliación de capital.

Resolución de 29 de julio de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de La Rioja, por la que se rechaza la inscripción de un acuerdo de ampliación de capital.

Estado: Vigente
Órgano emisor: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Rango: Resolución
Fecha: 29/07/2026
Fecha de publicación: 19/11/2026
Boletín: Boletín Oficial del Estado
Marginal: 72690238

En el recurso interpuesto por don Paulino Tercero González, notario de Calahorra, contra la nota de calificación extendida por la registradora Mercantil y de Bienes Muebles de La Rioja, doña María Celia Meneses Martínez-Bernal, por la que se rechaza la inscripción de un acuerdo de ampliación de capital.

Hechos

I

Por el notario de Calahorra, don Paulino Tercero González, se autorizó, el día 25 de marzo de 2026, con el número 232 de protocolo, una escritura de elevación a público del acuerdo de aumento de capital adoptado por unanimidad por la junta general universal de la sociedad «Grupo Victoria Shoes 1915, S.L.» en fecha 25 de marzo de 2026.

En el expositivo II de la escritura se especificaba, en relación a cada socio de la sociedad, las participaciones de que era titular, el porcentaje de capital que representaban y el valor de las mismas.

En el expositivo III de la escritura se hacía constar que se aumentaba el capital de la sociedad en la cantidad de 598.694,18 euros.

De acuerdo con la certificación protocolizada en la escritura pública, y emitida por secretario del consejo de administración con el visto bueno de su presidente, el aumento de capital se llevaba a cabo por aportación de los socios de las participaciones de que eran titulares en la sociedad «Calzados Nuevo Milenio, S.L.» por importe de 598.694,18 euros y se ejecutaba mediante el aumento del valor nominal de las 64.621 participaciones de la sociedad que pasaban de un valor de 0,7353 a un valor de 10 euros por participación. Cada aportación conllevaba una prima de 537,4060599496 euros por participación, haciendo un total de 34.727.717 euros en total. A continuación, se expresaba que cada socio suscribía el aumento con el desembolso de las aportaciones de que era titular de la sociedad «Calzados Nuevo Milenio, S.L.» mediante el aumento del valor nominal de las participaciones de que era titular de la sociedad «Grupo Victoria Shoes 1915, S.L.».

II

Presentada la referida escritura en el Registro Mercantil de La Rioja, fue objeto de la siguiente nota de calificación:

«Dña. María Celia Meneses Martínez Bernal, Registradora Mercantil de La Rioja, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:

Hechos.

Diario/Asiento: 2026/728.

F. presentación: 26/03/2026.

Entrada: 1/2026/1105.

Sociedad: Grupo Victoria Shoes 1915 Sociedad Limitada.

Autorizante: Tercero González, Paulino.

Protocolo: 2026/232 de 25/03/2026.

Fundamentos de Derecho.

–?Artículo 6, 58, Artículo 133 Reglamento del Registro Mercantil, Artículo 296 y siguientes de la Ley de Sociedades de capital.–La suma de aportaciones dinerarias que figuran en el apartado II de la escritura es de 35.326.411,16 euros, sin embargo, según el acuerdo que figura en el apartado III de la escritura en cuanto a aumento del nominal y de la prima de emisión suman 35.326.411,18 euros.

Por lo que faltan 0,02 euros.

En relación con la presente calificación: […].

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por María Celia Meneses Martínez Bernal, registradora Mercantil de La Rioja, el día veintitrés de abril de dos mil veintiséis».

III

Contra la anterior nota de calificación, don Paulino Tercero González, notario de Calahorra, interpuso recurso el día 22 de mayo de 2026 en virtud de escrito en el que alegaba lo siguiente:

«Expongo.

1. Que el día veinticinco de marzo de dos mil veintiséis con número de protocolo doscientos treinta y dos se otorgó escritura autorizada por mí por la entidad Grupo Victoria Shoes 1915, S.L. (…) por la que procede a la ampliación de capital social en la suma de quinientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y cuatro euros con dieciocho céntimos (598.694,18?€) mediante el aumento de valor nominal en 9,2647?€ por cada participación social.

Se acordó establecer una prima de asunción de 537,4060599496?€ por cada participación social, lo que hace un total de treinta y cuatro millones setecientos veintisiete mil setecientos diecisiete euros (34.727.717,00?€).

2. Para asumir dicho aumento de capital y la prima, se acordó un canje de valores, mediante el cual todos los socios transmiten a Grupo Victoria Shoes 1915, S.L las participaciones de que son titulares en la mercantil Calzados Nuevo Milenio, S.L.

3. En el certificado del acuerdo de Junta General que se incorpora a la escritura se refieren las participaciones de que son titulares cada socio en Calzados Nuevo Milenio, S.L. y se hace constar para cada uno de ellos el valor del capital social que suscribe y desembolsa con dos decimales así como el valor total de su prima de asunción con cinco decimales.

4. En la escritura calificada, al describir las participaciones sociales de que es titular cada socio en Calzados Nuevo Milenio, S.L. se hace constar en el apartado II del su Expositivo la valoración con dos decimales. Si se suma el valor total consignado en este apartado da un total de 35.326.411,16?€.

Y en el apartado III del Expositivo se hace constar como cifra del aumento de capital la suma de 598.694,18?€ y de la prima la total de 34.727.717,00?€, que sumadas da un total de 35.326.411,18?€.

5. (…)

6. Expuesto lo anterior, y por medio del presente escrito interpongo, en mi calidad de notario autorizante de la escritura que antecede, recurso contra dicha calificación sobre la base de los siguientes

Fundamentos de Derecho.

Primero. Legitimación para interponer recurso.

De acuerdo con el artículo 325, letra b) de la Ley Hipotecaria, el notario autorizante está legitimado para interponer el recurso contra la calificación negativa “en todo caso”. Esta legitimación es propia y deriva de su función pública, con independencia de la voluntad de los interesados en el negocio jurídico.

La subsanación del defecto y la práctica en su caso de la inscripción solicitada no son obstáculo para la interposición del recurso contra la calificación del registrador. La tramitación del recurso debe admitirse considerando que el objeto del recurso no es el asiento registral sino el acto de calificación del registrador y que se declare si dicha calificación fue o no ajustada a Derecho, lo cual es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado (resolución 15 de noviembre de 2013 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la actualidad de Seguridad Jurídica y Fe Pública).

Segundo. La Señora Registradora limita su fundamentación a: “Artículo 6, 58, Artículo 133 Reglamento del Registro Mercantil (sic), Artículo 296 y siguientes de la Ley de Sociedades de capital.–La suma de aportaciones dinerarias (sic) que figuran en el apartado II de la escritura es de 35.326.411,16 euros, sin embargo, según el acuerdo que figura en el apartado III de la escritura en cuanto a aumento del nominal y de la prima de emisión suman 35.326.411,18 euros.

Por lo que faltan 0,02 euros”.

No se procede por la Señora Registradora a dar fundamento legal alguno a su decisión, pues ni siquiera cita el contenido de los artículos referidos en la parte que pudiera resultar relevante. Se limita a una remisión genérica que no permite conocer la “ratio decidendi” de la negativa registral.

Así, como recuerda la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco (BOE de dieciocho de febrero de dos mil veintiséis): “Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación ( artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012 y 18 de noviembre de 2013, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil teniendo en cuenta de que la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social establece: ‘La regulación prevista en el sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles’.

También debe recordarse la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por la cual el hecho de que la nota de calificación sea totalmente insuficiente, adoleciendo de una absoluta falta de motivación, es motivo suficiente para la estimación del recurso. Así lo declaró la Resolución de este Centro Directivo de 17 de enero de 2020, reiterada por la de 30 de diciembre de 2021, que revocó la calificación negativa por considerarla totalmente insuficiente.

Tercero. No es cierto que falten 0,02?€. Esa diferencia de 0,02?€ es debida a la expresión en la escritura del valor de las participaciones aportadas por cada socio pero reducida a dos decimales, como podría haber comprobado la registradora de haberse tomado la molestia de hacer el cálculo tomando los datos del certificado del acuerdo social.

En la certificación de acuerdo social incorporada a la escritura, las participaciones se valoran en 9,2647?€ por unidad y la prima de asunción se establece en 537,4060599496?€ también por participación, lo que da un total por participación de 546,6707599496?€.

Si tomamos como referencia las participaciones del primer socio referido, 4610 participaciones de Calzados Nuevo Milenio SL y las multiplicamos por ese valor de 546,6707599496?€ da un total de 2.520.152,2033676600?€, habiéndose indicado en el expositivo II apartado 1 de la escritura su valoración reducida a dos decimales, es decir, 2.250.152,20?€. Y así con el resto de los socios y sus participaciones.

Es decir, que no hay ningún defecto o exceso de 0,02?€, sino que es una simple discrepancia aritmética derivada del redondeo de decimales que carece de trascendencia sustantiva y no debe constituir un defecto que impida la inscripción, pues el aumento de capital se corresponde con el desembolso real efectuado por los socios y el valor nominal sigue representando la parte alícuota del capital social.

Cabe recordar que de la normativa legal aplicable “no emerge una limitación en cuanto al número de decimales con que pueda determinarse el valor nominal de las participaciones en que se divida el capital social, pero sí pervive la norma que obliga a expresar la dimensión monetaria de este último con un máximo de dos decimales” tal y como resuelve la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antes de los Registros y del Notariado) en la resolución de veintiocho de octubre de dos mil nueve.

Cuarto. En atención a todo lo cual, con reserva de acciones judiciales ante una eventual exigencia de reparación de los daños y perjuicios que como consecuencia de la calificación o la desestimación del recurso se pudieren irrogar al Notario recurrente, incluyendo los morales, solicita de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que se admita el presente escrito con sus copias, teniendo por interpuesto recurso frente a la calificación de la Sra. Registradora Mercantil de La Rioja relativa a la escritura autorizada por mí el día veinticinco de marzo de dos mil veintiséis con número de protocolo doscientos treinta y dos procediendo, previos los trámites legalmente previstos, a dictar resolución por la que se revoque la calificación ordenando su inscripción».

IV

La registradora Mercantil, tras la oportuna instrucción del expediente, emitió informe el día 4 de junio de 2026 ratificándose en su nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo. Del informe resultaba que, subsanada la escritura pública por medio de diligencia, había sido objeto de inscripción.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 19 bis de la Ley Hipotecaria; 17 bis de la Ley del Notariado; 58, 59, 63, 296 y 314 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 147 y 148 del Reglamento Notarial; 198 y 199 del Reglamento del Registro Mercantil, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 31 de octubre de 2023 y 29 de abril y 23 de julio de 2024.

1. Constituye el objeto de la presente la nimia cuestión de determinar si la discrepancia en el título sujeto a inscripción entre el valor de los bienes aportados en un aumento de capital de una sociedad de capital y la cifra de capital objeto de aumento impide o no la inscripción en el Registro Mercantil. La cuestión es baladí porque la diferencia de valor es de dos céntimos de euro.

La cuestión no merece especial consideración de esta Dirección General ni otro pronunciamiento que el de recordar a los funcionarios su deber de mutua colaboración en beneficio recíproco y en beneficio del sistema de seguridad jurídica preventiva cuyo correcto funcionamiento les está atribuido.

2. El notario recurrente no niega la existencia de la discrepancia y apela a que la registradora debería haber hecho determinados cálculos que él mismo no ha llevado a cabo en el título presentado. La cuestión no tiene el más mínimo interés y no puede tener otra solución que la confirmación de la calificación al resultar indubitado que existe una discordancia entre el valor de los bienes aportados al aumento de capital en el título, y el total del capital aumentado, por pequeña que esta sea.

3. En cuanto a la alegación del recurrente sobre la parquedad de la calificación, basta con citar la doctrina de esta Dirección General que entiende que cuando quien recurre ha podido defender su posición jurídica con plena comprensión de la cuestión obstativa señalada en la calificación, no cabe alegar falta de motivación. Ello, sin perjuicio de que es preciso recordar la obligación de los registradores de expresar adecuadamente y con la extensión necesaria las causas impeditivas, así como su motivación jurídica. (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria en relación con las Resoluciones señaladas más arriba).

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 29 de julio de 2026.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez.

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