Doña Marta ha trabajado en Residencia Vida S.L. con las circunstancias de antigüedad desde el 13-3-17, categoría profesional de enfermera (ATS) y salario mensual bruto de 1.689,60 euros (con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias), en virtud de un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo. 

La demandada alega que el 16-10-20 la empresa demandada puso a disposición de la actora una carta, que aquélla se negó a firmar haciéndolo dos testigos en su lugar, en la que le comunicaba una amonestación escrita por su “comportamiento y actitud en el trabajo”. Además, durante el confinamiento de la residencia por Covid-19, pusieron a disposición de Doña Marta un teléfono inalámbrico a efectos de ser localizada, pero aquélla no respondía a las llamadas aduciendo que con el uso del aparato se podía contagiar y haciendo caso omiso de las indicaciones de la Dra.

El 4-12-20 la empresa demandada entregó a la actora una carta comunicándole su despido disciplinario.

Doña Marta alega que desde el mes de marzo de 2.020 en que comenzó la pandemia de Covid-19, la dirección del centro no tomó ninguna medida de prevención ni extremó las medidas de protección, que eran inexistentes, habiendo manifestado la actora a la dirección del centro que el riesgo de contagio era muy alto, ante lo cual y no gustando su opinión, se le amenazó verbalmente con el despido; asimismo, señala que cuando a mediados de noviembre de 2.020 aparecieron 56 residentes positivos, la dirección no tenía nada previsto, teniendo que intervenir el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya para desplazar a la mitad de los enfermos positivos y quedando la otra mitad en las instalaciones sectorizadas de la residencia, momento en el que comenzó “el maltrato, las faltas de respeto, gritos, provocaciones y amenazas continuadas de despido”.