El día 29 de marzo de 2020, Don Pablo condujo un vehículo por una carretera de Cataluña, a pesar de saber que estaba privado del derecho a conducir vehículos a motor. Esta prohibición le había sido impuesta mediante una SENTENCIA condenatoria firme dictada el 8 de abril de 2019 por el Juzgado de Instrucción, que le privó del derecho a conducir durante 10 meses. Dicha SENTENCIA y la liquidación de condena fueron notificadas personalmente al acusado, por lo que era plenamente consciente de la restricción al momento de los hechos.

Posteriormente, en fecha 19 de junio de 2020, la Jefatura Provincial de Tráfico acordó la pérdida de vigencia de su licencia de conducción debido a la pérdida de todos los puntos asignados legalmente. Sin embargo, esta resolución administrativa es posterior a la fecha de los hechos, por lo que no tiene relevancia directa en el incidente del 29 de marzo de 2020.

Tras la denuncia de los hechos realizada por la Guardia Civil, comenzó un proceso muy largo que incluso incurrió en una delación indebida por lo que finalmente, cuando el Tribunal dictó SENTENCIA parcialmente absolutoria tuvo en cuenta esta circunstancia atenuante.

El objetivo del cliente era no ser condenado por los delitos de los que le acusaban de haber cometido.

Desde un primer momento la estrategia del abogado ha sido demostrar el cumplimiento de los presupuestos que deben darse para la absolución de su cliente. Además, viendo las delaciones indebidas ocurridas a lo largo del proceso se sirvió de dichas situaciones para conseguir un atenuante de la posible condena.