Mónica un día de enero del año 2.023 recibe una llamada de la Agencia Tributaria (en adelante, AEAT) donde le comunican que se ha matriculado un coche de alta gama utilizando sus datos y le preguntan si ha sido ella quien ha adquirido ese vehículo. Sorprendida, abre el documento que la AEAT le indicó que debía rellenar siendo este el modelo 576, y se encuentra que el adquirente del vehículo es una empresa que ella desconoce. Días después, interpone una DENUNCIA por estos hechos ante el juzgado, añadiendo la DENUNCIA que tuvo que interponer hace un año como resultado de un hurto que sufrió donde le hurtaron la documentación. El juzgado en un primer lugar incoó las diligencias previas pero se tuvo que sobreseer la causa provisionalmente porque no se podía atribuir la autoría de los hechos a nadie.

Varios cuerpos policiales de España comienzan con las diligencias ya que se van encontrando varios posibles sospechosos. Esta labor de colaboración policial saca a la luz cuatro nombres de personas que serán investigadas: Mario, Alejandro, Luis y Eduardo que estaban vinculados de alguna u otra manera a la compraventa del vehículo; y también un testigo llamado Diego que declara que adquirió ese mismo coche por Internet al contactar con un tal Luis y le pagó unos 78.000 (SETENTA Y OCHO MIL EUROS) o 80.000 (OCHENTA MIL EUROS) euros en efectivo por el.

La Guardia Civil concluye que se debe de tratar de una red de regularización de vehículos de alta gama que evade impuestos utilizando la identidad de otras personas para llevar a cabo las operaciones de compra de los vehículos para luego venderlos.

A pesar de todas las diligencias llevadas a cabo, tuvo que decretarse el sobreseimiento provisional por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de nuevo ya que aunque los hechos eran constitutivos de delito, no podía atribuirse la autoría de los mismos a nadie.

El objetivo del denunciado es que no se le juzgue por el delito de usurpación de estado civil por el que se le investiga.

La letrada en este caso prestó asistencia legal a su mandante el cual se acogió a su derecho de no declarar y finalmente el proceso no continuó porque se decreto el sobreseimiento provisional.