El día 13 de noviembre de 2023 acude a la comisaría un joven llamado Juan Luis con el ánimo de interponer una denuncia. El ahora denunciante relata unos hechos ocurridos hacía escasos meses, siendo estos los siguientes: un día cualquiera Juan Luis recibe un mensaje de la Agencia Tributaria (AEAT en adelante) reclamando el pago de los costes de inscripción de un coche por un total de 30.000€ (TREINTA MIL EUROS). Juan Luis no tenía conocimiento de la existencia de ese coche ni por supuesto, lo había inscrito en ningún lugar.

Tras hacer memoria, recuerda que en 2022 dejó su Documento Nacional de Identidad (DNI en adelante) a un amigo suyo llamado Manuel para que este le inscribiera en una página de apuestas, inscripción la cual nunca se efectuó pero se le devolvió a Juan Luis su DNI al día siguiente. Tras darse cuenta de esto, el 6 de noviembre de 2023 se comunica con él y le explica la situación en busca de respuestas. Ante esta llamada, Manuel le dice a su amigo que no se preocupe que conteste a la notificación y que su jefe se encangará de solucionarlo, lo cual es raro ya que el único tramite que autorizó Juan Luis que se hiciera con DNI fue la inscripción antes descrita la cual no se hizo.

Juan Luis días después llama de nuevo a Manuel el cual le confiesa que fue su jefe el que hizo la inscripción del coche pero que está todo solucionado y que su jefe Julio (persona la cual el denunciante no conoce) ya pagó la multa de 150 que había por impago aunque de los 30.000€ no dijo nada.

Ante estos acontecimientos y una deuda considerable con la AEAT, denuncia el hecho y comienzan las diligencias con la AEAT y con la compañía telefónica correspondiente para la intervención de las comunicaciones de Juan Luis, Julio y Manuel en los días de los hechos. Tras revisar las conversaciones, hay indicios de que Manuel y Julio son los responsables de la usurpación de estado civil y se les detiene a ambos dejando a Manuel libre tras la declaración por no creer que hubiera peligro de evasión de la justicia por su parte, y ordenando a Julio quien no quiso declarar a hacer comparecencias apud acta.

El objetivo principal del cliente es no ser procesado por el delito de usurpación de estado civil contra Juan Luis.

En primer lugar, el 14 de febrero de 2024 la letrada presenta un escrito solicitando que se retire la medida de comparecencia apud acta alegando que su cliente no tiene ningún riesgo de fuga ya que tiene domicilio conocido y que además, el hecho de tener que comparecer le perturba en su vida labora. Por otra parte, el 19 de febrero de 2024 la letrada presenta un escrito de solicitud de sobreseimiento y archivo de la causa ya que el 15 de febrero de 2024 el denunciante renunció de las acciones civiles y penales pertinentes y al no haber prueba suficiente contra su defendido cree que es lo procedente.