Laura, una mujer con una discapacidad reconocida del 33% debido a que sufre esclerosis múltiple, formó hace cuatro meses una familia monoparental al convertirse en madre de dos niños. Fruto de este hecho, en los primeros meses después del nacimiento de los menores, se produjo una situación de sobrecarga de trabajo y estrés que hizo que Laura se pusiera en contacto con la línea de atención telefónica a la Infancia y Adolescencia el 21 agosto de 2.021 con el propósito de requerir asistencia social por parte de este Servicio dada la situación de desbordamiento de trabajo que exigen los menores, agravado por causa de su enfermedad.

Por parte del Servicio, a pesar de que Laura solo buscaba ayuda, ordenó la visita de la Policía Nacional a casa de esta. Tras la visita, los policías redactan un informe donde constatan que hay claros signos por parte de Laura de estrés y desbordamiento pero que no hay evidencia de violencia o maltrato hacia los menores.

En un principio, Laura acuerda con la Administración que esta tenga la guarda de los niños mientras ella es ingresada en el Hospital pudiendo tener la madre visitas de una hora con los menores una vez cada dos semanas, pero el 13 de octubre de 2.021 se acordó la situación provisional de desamparo por parte del Servicio de Protección de Menores y el 16 de mayo de 2.022 se procede a concluir el procedimiento administrativo por caducidad del mismo sin conclusión alguna. Tras esto los menores debían ser entregados en su domicilio dado que el hecho por el cual se produjo aquella circunstancia no ha arrojado ninguna conclusión que permita que los menores sigan fuera de su domicilio y fuera de la tutela de su madre. Sin embargo,el Servicio de Protección de Menores sin tener resolución concluyente alguna ha decidido continuar con el procedimiento abriendo uno nuevo, por tanto, los menores no han vuelto con la madre.

El Servicio de Protección de Menores basa su decisión en unos presunto problemas psicológicos y de adicciones de Laura que podrían poner en peligro a los menores, asunto que la parte actora niega por completo y por ello, se oponen a que el procedimiento de desamparo y adopción continúe con la interposición de una demanda.

El objetivo del clientes que se suspenda el acuerdo de inicio de procedimiento de guarda con fines de adopción.

La abogada basa su estrategia en desmentir a través de pruebas documentales y testificales los argumentos en los que el Servicio de Protección al Menor se sustenta para llevar a cabo el procedimiento de desamparo, para así, demostrar la competencia parental de Laura.