La persona afectada es dependienta de comercio y está afiliada al Régimen General de la Seguridad Social. Solicitó una Incapacidad Permanente ante el INSS debido a sus dolencias, recibiendo una resolución aprobatoria el 12 de marzo de 2021, que le otorgó la prestación de Incapacidad Permanente en grado total. Su cuadro clínico incluye artritis reumatoide con alta actividad y varias intolerancias y fallos a tratamientos farmacológicos. El 4 de febrero de 2022, se inició una revisión de su expediente, y el 4 de agosto de 2022, el INSS resolvió retirar la prestación de Incapacidad Permanente, argumentando que ya no presenta incapacidad permanente debido a la mejoría clínica observada con el tratamiento. Se presentó una reclamación previa el 13 de septiembre de 2022 contra la resolución del INSS, ya que no se estaba de acuerdo con la decisión. Se consideró desestimada la reclamación por silencio administrativo tras 45 días sin respuesta.

La afectada ingresó en el hospital el 3 de agosto de 2019 con artralgias y fue diagnosticada de artritis reumatoide crónica. Ha pasado por diversos tratamientos y cambios de medicación debido a intolerancias y falta de eficacia. En la revisión del 26 de junio de 2020, continuó presentando síntomas, y se le pautó un nuevo tratamiento con Adalimumab Biosimilar, sin éxito. Su condición empeoró con limitación funcional significativa. El 24 de noviembre de 2021, una resonancia magnética mostró lesiones en el pie izquierdo, y se realizaron estudios adicionales que confirmaron varias patologías podológicas que incrementan su incapacidad.

A pesar de múltiples tratamientos, la evolución ha sido torpe, con persistencia de dolor y limitaciones funcionales. Desde septiembre de 2022, también fue diagnosticada con trastorno de ansiedad. La trabajadora no puede realizar las tareas de su profesión debido a la gravedad de su condición, que implica una incapacidad para tareas que requieren carga de pesos, posturas forzadas y bipedestación prolongada, todas ellas fundamentales en su trabajo. La incapacidad permanente debe valorarse considerando la totalidad de las dolencias y su impacto en la capacidad laboral. La jurisprudencia establece que esta incapacidad debe ser objetiva, permanente y afectar gravemente la capacidad de trabajo en condiciones normales. Los efectos económicos de la prestación deben retrotraerse al 4 de agosto de 2022, fecha de la resolución que denegó la incapacidad permanente.

Estos puntos reflejan la situación clínica y administrativa de la trabajadora, subrayando la justificación para su incapacidad permanente debido a la persistencia y gravedad de sus dolencias, y la necesidad de una revisión de la decisión del INSS.

El objetivo del cliente es conseguir que se reconozca nuevamente su situación de Incapacidad Permanente en grado total y se restablezca la prestación económica correspondiente.

La estrategia de la abogada es la interposición de demanda para el reconocimiento de la prestación económica por incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común.