La parte demandante suscribió en fecha 2 de agosto de 2002 una escritura de crédito hipotecario con Banco SA. La demandante contrató dicho préstamo con la idea de que se sometería a un interés de un 4,5% fijo, reduciéndose después a un interés variable de acuerdo con lo que marcara el Euríbor, sin que le fuera informado en ningún momento la existencia de la cláusula IRPH de cajas o la explicación de su cálculo. Ni siquiera se le entregó una hoja informativa previa, simplemente se le solicitó que firmara el crédito sin explicarle el contenido del mismo, asegurándole que la oferta que se le realizaba era muy beneficiosa para ella.

El crédito solicitado se realizó hipotecando la vivienda habitual de la demandante. Respecto a la vivienda habitual, es cierto que no se hace constar expresamente dicho carácter. Ello es porque, en el año 2002 (año en que se formalizó el Préstamo), no se había aprobado la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que introdujo la obligación de hacer constar el carácter habitual o no de la vivienda.

La demandante no era conocedora de la existencia de la Cláusula IRPH (ni de Cajas ni de Entidades) y de cómo influían las entidades financieras en la determinación de la cuota mensual. Ni siquiera sabía, ni podía llegar a entender de la redacción de la Cláusula IRPH, ni que la misma era calculada con la información proporcionada mensualmente por las propias entidades financieras en base a sus operaciones. Por lo tanto, las entidades influían directamente en el cálculo del IRPH. Mi mandante estaba convencida de que estaba aplicando un tipo variable a su hipoteca de acuerdo con las variaciones que experimentaba el Euríbor, puesto que como consumidora sin conocimientos expertos en el sector, no entendía cómo funcionaba este tipo de interés, ni se le explicó en ningún momento por la entidad bancaria.

En conclusión, en una vulneración de lo dispuesto en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en la Ley de Consumidores y Usuarios y en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, la Entidad no proporcionó información suficiente, clara, transparente y no engañosa acerca del comportamiento económico de la Cláusula IRPH, de la forma en que ésta determinaba la cuota mensual, y de que los datos en base a los cuales se calculaba el IRPH se obtenían de la propia información proporcionada al Banco de España por las cajas y los bancos sobre los tipos de interés aplicados a sus propias operaciones. Por lo tanto, influían directamente en el cálculo del IRPH.

Se ejercita acción de nulidad de varias cláusulas por abusivas por haber sido impuestas al consumidor y no haber sido suscritas de manera individual e informando al consumido de su contenido, causando un desequilibrio entre las partes.

Se declare la nulidad por abusivas de las cláusulas respecto del crédito hipotecario.

Interponer Demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de nulidad de condiciones generales de contratación.