La vivienda fue adquirida en febrero de 1976 mediante escritura de compraventa ante el Notario. En abril de 2018, los demandados suscribieron un contrato de arrendamiento de la vivienda con el demandante. El contrato establecía una renta mensual de 260,00 euros, ajustada según el índice general nacional de precios al consumo (IPC), con el pago entre los días 1 y 7 de cada mes en el domicilio del arrendador. Además, los consumos de agua, suministros y gastos de basura y reciclaje corrían por cuenta del arrendatario. Los demandados nunca fueron puntuales en el pago de la renta ni en el abono de los consumos generados. En junio de 2021, el demandante envió un burofax comunicando la rescisión del contrato de arrendamiento y la no prórroga del mismo, además de exigir el pago de las rentas adeudadas hasta ese momento, con fecha límite de desalojo para el 14 de julio de 2021. Al no desalojar la vivienda ni pagar las cantidades adeudadas, en enero de 2022, el arrendador les requirió fehacientemente el pago y desalojo mediante carta certificada con acuse de recibo a través del Colegio de Abogados de Valencia. A la fecha de presentación de la demanda, los demandados adeudan 2.860,00 euros correspondientes a las mensualidades de rentas desde abril de 2021 hasta febrero de 2022, 110,00 euros por consumo eléctrico y 50,00 euros por consumo de agua, haciendo un total adeudado de 3.020,00 euros.

El objetivo del cliente es recuperar las cantidades adeudadas por concepto de renta y consumos, así como lograr el desalojo de los demandados de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.

La estrategia del abogado se basa en la interposición de demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago de rentas y de las cantidades a ella asimiladas, y rescisión de contrato de arrendamiento de vivienda.