El caso se inició a raíz de un atestado policial derivado de una llamada de Clara Sandoval y de Leila Luganes a la Comisaría CNP Madrid Centro, quienes reportaron que Paco Parras se presentó en su domicilio en estado alterado, golpeando la puerta y alegando que su novio estaba dentro de la casa de las denunciantes.

En el acto de juicio celebrado el 31-1-24, sin la participación del Ministerio Fiscal, se constató que no había hechos probados. Las partes ofrecieron versiones contradictorias: las denunciantes afirmaron que Paco se comportó de manera agresiva y delirante, mientras que el denunciado alegó haber sufrido un brote psicótico en el momento de los hechos, sin intención de coaccionar a las denunciantes.

Un informe médico forense corroboró que el denunciado padecía abuso por sustancias y psicosis tóxica, estando bajo tratamiento y sin sentirse enfermo al momento de los hechos.

Basándose en la falta de pruebas que confirmen la comisión del delito por parte del acusado y en la evidencia del brote psicótico, el tribunal dictaminó una sentencia absolutoria. Además, se ordenó declarar de oficio las costas procesales, conforme a lo establecido en los artículos 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

El objetivo principal del cliente es obtener una sentencia absolutoria, es decir, que el tribunal lo declare no culpable del delito leve de coacciones del que ha sido acusado.

La estrategia del abogado en este caso es alegar que, debido a su condición de salud mental y al brote psicótico que experimentó en el momento de los hechos, no actuó con la intención de coaccionar a las denunciantes, sino que sus acciones fueron el resultado de su estado mental en ese momento.