El 14/06/2023, el denunciante recibió un SMS de la entidad bancaria informando sobre un problema detectado en sus tarjetas de crédito. Siguió los pasos indicados para solucionar el problema y se acostó. Al día siguiente, recibió comunicación del banco confirmando la anulación de ambas tarjetas debido a compras presuntamente fraudulentas. La entidad instó al denunciante a completar un formulario de cargos no reconocidos, lo cual hizo el 19/06/2023. Los cargos incluyeron transacciones sumando un total de 8.580,53€.

Tras la denuncia, el banco confirmó el cargo de 8.580,53€ en las tarjetas de crédito. Sin embargo, en investigaciones posteriores, alegó que el titular de la tarjeta había facilitado las claves para algunas de las transacciones, por lo que no asumieron responsabilidad por esos cargos, totalizando 850€. Del mismo modo, se argumentó que el titular facilitó las claves para otras transacciones, por lo que el banco tampoco asumió responsabilidad por esos cargos, totalizando 5.744,41€.

El banco reiteró que nunca solicitaría las credenciales de acceso y claves de seguridad a sus clientes. Se presentaron copias de correos electrónicos del banco como evidencia, así como fotocopias de las tarjetas de crédito involucradas.

El objetivo del cliente es recuperar los fondos que fueron objeto de transacciones fraudulentas realizadas con sus tarjetas de crédito.

La estrategia del abogado del cliente se resume en: recopilar pruebas sólidas, analizar la situación legal, comunicarse con el banco para negociar un reembolso y, si es necesario, tomar medidas legales para asegurar la restitución de los fondos defraudados.