En abril de 2019, la demandante inicia una baja por incapacidad temporal por enfermedad común. Después de 365 días, se le concede una prórroga de 180 días. En octubre de 2020, la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social emite un alta médica, a lo que se presenta una Reclamación Previa desestimada. La reclamación se basa en la falta de evaluación de las dolencias del demandante, que incluyen hernias discales, problemas cervicales, migrañas y trastornos mentales. Se argumenta que estas dolencias afectan su salud física y mental, imposibilitándolo para su profesión de Educadora Infantil. Además, se sostiene que trabajar en su estado actual podría poner en peligro a los menores a su cargo. Subsidiariamente, se afirma que las patologías reducen al menos un 33% su rendimiento laboral. La base reguladora mensual es de 2,100 €, con efectos económicos a partir del 24 de septiembre de 2020, fecha del alta médica.

El objetivo del demandante es obtener el reconocimiento de una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual como Educadora Infantil. Su intención es que se considere que sus condiciones de salud, que incluyen hernias discales, trastornos mentales, y otras dolencias, le impiden desempeñar adecuadamente las tareas fundamentales de su trabajo, además de plantear preocupaciones sobre la seguridad de los niños a su cargo.

La estrategia del abogado consiste en presentar una reclamación basada en la falta de evaluación adecuada por parte de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social.