El 1 de julio de 2021, el Ayuntamiento emitió una resolución notificada el 12 de julio de 2021 imponiendo una multa de 601 € al demandante. La sanción se basó en una presunta infracción grave del artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, relacionada con la tenencia de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Se alega que la resolución anterior se adoptó vulnerando los principios básicos del procedimiento administrativo sancionador, cuyos detalles se presentarán en los fundamentos de derecho de la demanda.

La notificación de la resolución se realizó el 12 de julio de 2021, lo que estableció un plazo de 2 meses para interponer un recurso contencioso-administrativo, que vencía el 13 de octubre (con un día adicional, hasta el 14 de octubre). El demandante solicitó Asistencia Jurídica Gratuita en la misma fecha, lo que implicó la paralización de los plazos procesales. Por lo tanto, la presente demanda se presenta dentro del plazo legal debido, respaldada por la designación del Colegio de Abogados y los archivos del Servicio de Orientación Jurídica en calidad de pruebas.

El objetivo del cliente es llevar a cabo la impugnación de la multa impuesta por el Ayuntamiento, argumentando que la resolución se emitió sin seguir los procedimientos adecuados y que se interpuso dentro del plazo legal. El cliente busca anular o reducir la sanción impuesta y demostrar que no es responsable de la supuesta infracción relacionada con drogas.

La estrategia del abogado, es hacer efectiva la interposición de recurso contencioso administrativo en la demanda.