El día 19 de agosto de 2022 D. Raúl fue detenido por Agentes de la Policía Nacional por considerar que se encontraba irregularmente en territorio español, y careciendo de documentación que acreditase su estancia legal en nuestro país. Como consecuencia de esa detención se inició el acuerdo de iniciación de expediente de expulsión por el procedimiento preferente en base única y exclusivamente a una supuesta infracción del artículo 53, 1, apartado A) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social reformada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, Ley Orgánica 11/2003, Ley Orgánica 14/2003 y Ley Orgánica 2/2009.

El día 19 de agosto de 2.022, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas se presentó por esta parte escrito de alegaciones, y con fecha 30 de enero de 2.023 se notificó a mi representado, la Resolución de fecha 11 de octubre de 2.022, por la que se acordaba su expulsión de España por un periodo de cinco años. Como consecuencia de aquello se presenta Demanda contencioso administrativa.

El objetivo del cliente es que se estime el recurso contencioso administrativo y se anule la Resolución administrativa del 11 de octubre de 2022, por la que se acordaba su expulsión de España por un periodo de cinco años.

La estrategia del abogado es alegar una desproporción de la sanción, así como que la Resolución administrativa no estaba suficientemente motivada.