La parte demandante, un residente en España desde 2019, se enfrenta a la amenaza de expulsión del país debido a la falta de documentación que acredite su estatus legal. Su argumento es claro: ha construido una vida en España, trabajando y viviendo con su familia, incluyendo una hija de cinco años. Además, ha intentado obtener protección internacional.

La controversia radica en que la decisión de expulsión se tomó sin considerar la opción de una multa en lugar de la expulsión, lo que podría resultar en un impacto desproporcionado para su vida y la de su familia. Se argumenta que esta medida va en contra del derecho a la familia, un principio fundamental del Estado de Derecho, y que la situación merece una evaluación más humanitaria.

Este caso pone de relieve la intersección entre el sistema legal y las vidas humanas, donde una decisión administrativa puede tener un impacto profundo en la unidad familiar y el futuro de un individuo en un nuevo país.

El objetivo del cliente es evitar ser expulsado de España y en su lugar obtener una solución que le permita quedarse en el país junto a su familia. Argumenta que la medida de expulsión es desproporcionada, considerando sus circunstancias personales y familiares, y busca destacar que esta decisión afectaría negativamente a su hija menor. Su lucha se basa en defender su derecho a la familia y buscar una oportunidad para regularizar su situación en el país.

 La estrategia del abogado es la interposición de escrito de demanda contencioso administrativa.