Jorge denuncia el 24 de agosto de 2022 que su casera le está obligando a pagar los daños de una puerta que él no ha ocasionado y que se produjo el 30 de julio por un robo con violencia en el domicilio. Asimismo, manifiesta que desde el 1 de agosto y 24 de agosto de 2022 está siendo acosado a través de llamadas telefónicas, personándose donde se encuentran y en el domicilio. De igual manera, le están obligando a abandonar el domicilio teniendo contrato de alquiler.

En consecuencia, formaliza denuncia por un delito de acoso contra las arrendatarias y propietarias del inmueble.

El objetivo de las clientas es que se acuerde el sobreseimiento y archivo de la causa.

La estrategia del abogado es alegar que no queda acreditada la existencia de acoso por insuficiencia de pruebas, ni, si éste se hubiese producido, la participación de las demandadas. Asimismo, el contrato de alquiler se encontraba vencido a la fecha de la denuncia y se deben una serie de meses, por lo cual decir que "o se marchara de la casa o le iban a denunciar", no constituye amenaza alguna ni implica peligro para los bienes jurídicos. Por tanto, la reclamación no constituye ningún delito.