El caso que vamos a abordar se refiere a la apertura del trámite prejudicial obligatorio de con el nuevo Baremo de Tráfico, el cual tiene lugar después de que el perjudicado haya presentado una reclamación previa. En concreto, es relevante recalcar que durante la tramitación de fase previa extrajudicial, la parte aseguradora no aportó los informes legalmente requeridos. Esto genera indefensión de la actora que ve como más adelante la aseguradora aporta elementos periciales a los que no ha tenido acceso, de manera que tanto el tribunal de instancia como la audiencia provincial optaron por vetar a la aseguradora de aportar al procedimiento los informes médicos y periciales que no aportó en la fase previa. Con esta sentencia, y muchas más posteriores, se ha abierto un abanico de posibilidades para las víctimas, pues en los casos en que las aseguradoras no cumplan con la ley se puede ver privadas de la prueba pericial en fase judicial. 

Sobre esta cuestión ha surgido una importante litigiosidad que, aunque no ha sido resuelta por los tribunales de forma unánime, sí ha provocado que la Comisión de Seguimiento del Baremo de Autos haya planteado, entre otras, una reforma de la ley en torno a esta cuestión. Estas sentencias, conocidas como Sentencias Tsunamis pueden ser la génesis de un importante cambio normativo que está en ciernes.

Más concretamente, en el caso que nos acontece, tras un accidente de tráfico en el que se produjeron daños materiales, así como personales, se reclama ambos conceptos. La problemática subyace en el hecho de que la parte demandada, una vez interpuesta la demanda, pretendió aportar al proceso prueba pericial médica y el reconocimiento de la parte actora. La Audiencia Provincial en su sentencia establece que no ha lugar a la interposición del recurso en base a que la aseguradora no aportó ni solicitó dichas pruebas previamente, en la fase no judicial de obligado cumplimiento, condenando en costas a dicha parte recurrente

El objetivo de el demandante es la percepción de la cantidad de 5.032,61 €.

Interposición demanda de juicio verbal por reclamación de cantidad derivada de daños ocasionados con motivo de la circulación de vehículos a motor.