Miguelito y Roda son condenados a una pena de 15 meses por delitos de hurto y receptación. A pesar de ello, reciben el beneficio de la suspensión de esta ejecución de condena, quedando en suspenso condicionada al pago de unas cantidades indemnizatorias. 

Esta cuestión es precisamente el hecho controvertido, ya que por una parte Miguelito no recibió nunca la comunicación sobre donde había de abonar la cantidad indemnizatoria. Es por ello a fecha de 13 de abril de 2021 se emite una orden de detención contra Miguelito por no haber cumplido las condiciones impuestas para la suspensión de condena. 

Con el conocimiento de la orden, este procede a abonar la cantidad indemnizatoria alegando que desconocía el procedimiento para hacerlo. Tras su detención, se suceden los recursos de reforma y apelación alegando el buen comportamiento de esta persona que no ha vuelto a delinquir, si no que el impago de la cantidad se ha producido por el error de comunicación entre Miguelito y su letrado, y que la cantidad era de 350€ por lo que no hay una imposibilidad por su parte para abonarla. 

El cliente solicita que se revoque el auto de ingreso en prisión y se continúe con el periodo de de suspensión de condena. De manera subsidiaria, se solicita la posibilidad de que se proceda a una nueva suspensión de condena. 

La estrategia del abogado se fundamenta en demostrar que el acusado ha cumplido a rajatabla con todos los requisitos solicitados. Tiene un trabajo estable, ha cumplido con todas las obligaciones financieras que ha tenido, tiene in núcleo familiar estable, no ha cometido ningún delito y la pena no ha sido superior a dos años. El único problema ha consistido en que no se ha abonado una cantidad de 350€ en concepto de responsabilidad civil por un error de comunicación entre él y su abogado. 

Se interpone un Recurso de reforma frente al auto de ingreso en prisión. Tras la denegación de este se interpone una apelación con la finalidad de que se valore de nuevo el caso y se revoque el auto de suspensión de condena.