Se interpone Demanda de juicio declarativo verbal de desahucio por expiración del plazo fijado legalmente, acumulando la reclamación de las rentas y cantidades asimiladas a rentas debidas que puedan adeudarse a partir de la interposición de la Demanda.

Doña Pepa es la propietaria de una serie de bienes inmuebles sitios en extremadura, haciendo suscrito un contrato de arrendamiento de finca rústica con fecha 21 de Enero de 2017.Desde el 2020, Doña Pepa vino haciendo reiterados requerimientos por los que se solicitaba a la parte ahora demandada el abandono de la finca tras la expiración del plazo contractual.

Resulta de aplicación la Ley 49/2003, de 26 de Noviembre, de Arrendamientos Rústicos por regir el presente contrato por la normativa aplicable al tiempo de su celebración. Por su parte, también se alegó reclamación vía Burofax para la resolución contractual de arrendamiento rústico, siendo considerado el mismo como una notificación fehaciente tal y como lo recoge la jurisprudencia.

La parte adversa, tras las alegaciones manifestadas en la Demanda, presenta escrito de allanamiento expreso a lo solicitado en la Demanda, esto es, a que se declarase la extinción del contrato de arrendamiento por expiración del plazo fijado legalmente, con la obligación de abonar la renta equivalente al periodo de 2022 en el que hubiese estado la misma en la finca objeto de Litis. Adicionalmente, solicita la no imposición de costas.

En Mayo de 2022, se estimó íntegramente la Demanda interpuesta con imposición de costas a la parte adversa. Concretamente, se declaran extintos los contratos de arrendamiento por expiración del plazo fijado legalmente, condenándose a la demandada a dejar libres, vacuas, expeditas y a disposición de la demandante el bien, debiendo abonar la suma equivalente a la parte proporcional de la renta anual convenida.

El objetivo es recuperar la posesión de las fincas rurales arrendadas así como recuperar el dinero que no ha sido abonado por parte de la demandada. 

Tras mandar varios burofaxes de notificación de impago de las mensualidades pactadas por contrato, el abogado interpone una Demanda de juicio verbal con la finalidad de recuperar la posesión de la finca rústica. Además, junto con la Demanda de desahucio, se reclaman las cantidades adeudadas y la finalización del contrato.