Los padres de Pedro, llevan a cabo una reclamación contra la negatoria del centro escolar de este para que este promueva de curso antes de tiempo. El centro, considera en su informe que no dan las necesidades establecidas por la Orden EDU 1865/2004 para que el menor tenga que cambiar de clase. 

Es por ello que los padres inician una reclamación administrativa. En primer lugar frente a la junta autonómica, la cual delega en el centro las competencias para la realización de dicho informe y por tanto desestima las pretensiones. Tras esto, se interpone Demanda en los juzgados de lo contencioso que también es desestimada, alegando que las medidas tomadas por el centro son correctas. 

Tras la sentencia del juzgado contencioso que falló de forma negativa entendiendo que las actuaciones eran correctas. Se interpuso recurso frente a la audiencia provincial. En dicha sentencia, se estiman las pretensiones de los padres de Don Pedro, alegando, que los motivos del informe por los cuales no se produjo la aceleración de curso no eran suficientes para desestimar la realidad de la necesidad de la aceleración de curso escolar. Por tanto se reconoce el derecho al menor a que se adopten las medidas oportunas para la flexibilización de su educación con caracter especial. 

Que se estimen medidas de educación flexible especial en el centro para Pedro, un niño con altas capacidades. En concreto atendiendo la especial petición de adelantarle un curso escolar. 

La estrategia radica en la interpretación de la Orden EDU 1865/2004 en cuanto a los requisitos para entender que se considera como altas capacidades. El informe que el centro escolar estableció destacaba el hecho de que el menor era tímido y no tenía las calificaciones escolares que se esperaban de una persona catalogada como tal. Sin embargo, el abogado recalca que esto no quita el hecho de que el menor tenga altas capacidades y que el centro tenga que intervenir de algún modo en virtud del derecho a la educación recogido en la Constitución, la Convención dederechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño o la ley orgánica de Educación.