La empresa D que resultó condenada volvió    a    interponer    recurso    contencioso-administrativo    contra    el Ayuntamiento, en esta ocasión, contra la denegación el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se acordaba la incoación del expediente para la adopción de medidas de  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística  respecto  a  obras  y  usos  que viene realizando la recurrente son licencia municipal en los terrenos sitos en el Polígono  1,  margen  derecho,  clasificados  como suelo  no urbanizable protegido, y consistentes en: Ejecución  de  un muro  de  hormigón  inacabado, de  unos  3  metros de altura, que sirve de cierre perimetral a la superficie analizada, con las especificaciones y definiciones establecidas en el informe técnico incluido en este expediente, ejecución  de nueve  viales en  dicha  superficie  denominados  A,  B, C, D, E, F, G, H, según se refleja en el plano, ejecución   de una   cimentación junto   a   la   "Construcción   1" adecuada para la construcción de una nave de características similares a dicha "Construcción 1", ejecución    de tres    estructuras    metálicas    con    cubierta tipo marquesina  y  pavimentadas con  una  solera  de  hormigón  semipulido denominadas  "CONSTRUCCIÓN  4"  y  "CONSTRUCCIÓN  5",  según  se indica en el plano, explanación   y   acondicionamiento   con   material   granular   de tonalidad  grisácea  oscura de  las  parcelas  delimitadas  por  los  9  viales existentes para el depósito de vehículos para desguace. Entre otras cuestiones, tales como la orden de paralizar inmediatamente las obras y usos desarrolladas por la recurrente en esa zona, además de acordar la medida cautelar de precinto para asegurar la eficacia de esta resolución. En defensa del Ayuntamiento, nosotros presentamos oposición a la medida cautelar solicitada en el recurso contencioso y fue dictado Auto levantando y no procediendo a la suspensión de la actuación administrativa impugnada en este recurso con costas de 250 € para DGT.  El recurrente presenta recurso de apelación contra dicho Auto, nos oponemos a la apelación presentada y el TSJM resuelve denegando las medidas cautelares solicitadas con costas al recurrente de 1.000 €. El procedimiento principal sigue su curso pero la orden de precinto y derribo se está ejecutando en este momento por parte del Ayuntamiento, lo que constituye un éxito después de los siete procedimientos judiciales abiertos por el mismo recurrente  para  intentar  paralizar  los  acuerdos  municipales  después  de  varios años.

- Que se desestime la solicitud y que no proceda disponer medida cautelar alguna en el presente procedimiento.

La estrategia del letrado está destinada en demostrar que:

1. Que la puerta ni el muro son emplazamientos o construcciones donde se realice actividad económica.

2. Falta de apariencia de buen derecho.