El 23 de marzo de 2017, la parte demandante alquiló un local en cuyo contrato de arrendamiento fue rescindido a todos los efectos el 30 de noviembre de 2009, entregándoles las llaves a su propietario. El propietario entregó las llaves al nuevo inquilino el 30 de noviembre de 2009. El 04 de mayo de 2011, al propietario del local se le levantó Acta de Inspección por los Agentes de la Policía Local por incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguros. Como consecuencia del Acta de Inspección y por la Resolución del Gerente de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades de fecha 10 de agosto de 2011 fue incoado procedimiento contra la parte demandante y fue notificado en su antiguo domicilio. En 2013, el demandante fue informado que poseía una deuda con el Ayuntamiento de 6.000 € por gastos de demora por una sanción que no había cometido y del que se ha hecho responsable el nuevo inquilino. La parte demandante ha tenido conocimiento que el referido local tenía seguro. El 05 de agosto de 2013 envió un correo certificado exponiendo su caso y reclamando el cambio de titularidad al nuevo inquilino del local, no recibiendo ningún tipo de respuesta. Ante la no contestación, acudió a una cita en la cual le indicaron que debía obtener otra cita, y ante la imposibilidad económica de la parte actora presentó un nuevo escrito el 02 de agosto de 2014 en el que solicita que la sanción impuesta a su nombre de manera errónea fuera cambiada al titular del local. En 2016 Y en 2017, se desestimó el recurso de reposición y la solicitud de suspensión interpuestos por la parte actora.

- Que se deniegue la solicitud de la suspensión de la diligencia de embargo dictada en el procedimiento de apremio.

- Que se tenga por solicitada la suspensión de toda ejecución de la resolución impugnada.

La estrategia del letrado está destinada en demostrar que:

1. No mantenía ninguna relación con el propietario ni con el nuevo inquilino que explotaba el negocio, así como tampoco era titular del local.

2. Que no fue notificado.

3. Que la resolución desestimatoria de la suspensión es nula de pleno derecho.