A la fecha de 23 de noviembre de 2018 el cliente se trasladó hasta el domicilio de un vendedor para adquirir un vehículo de segunda mano por 5.400 €, precio pactado previamente. Una vez allí, el vendedor condujo al comprador hasta el taller en el que se encontraba el vehículo, sin especificar por qué motivo se encontraba en el taller. Sin embargo, sí informaron de que el vehículo no había pasado la ITV, aunque tanto los dueños del taller como el vendedor afirmaban que no habría problema en pasarla.

El comprador formalizó la compraventa en 5.400 €, sin embargo, según él explica, la empresa vendedora expidió una factura por el valor de 2.000 € únicamente, alegando que se trataba de un vehículo de empresa. Una vez disponiendo del vehículo, el comprador llega a su ciudad e intenta pasar la ITV del vehículo, no obstante, no la supera porque contiene multitud de vicios. El comprador se dirige a un taller y allí le indican que el coche que ha comprado contiene multitud de averías, y que la reparación de las mismas costará 1.604,75 €, además de que exisitía un riesgo cierto de accidente por el mal estado de los neumáticos.

Por todo ello, el comprador se pone en contacto con un despacho de abogados para reclamar una indemnización de saneamiento por vicios ocultos y de indemnización por daños y perjuicios.

La empresa, por su parte, entiende que ha obrado bien y se pone en contacto con el despacho de abogados para que defienda su honestidad en el juicio.

La empresa demandada pide que se desestime la demanda y se mantenga el "status quo", ya que han obrado bien y han cumplido a rajatabla el contrato de compraventa.

Realizarán un escrito de contestación a la demanda alegando que la acción de saneamiento por vicios ocultos ha caducado y que los vicios que alega son inexistentes y creados artificialmente para reclamar dinero a la demandada.