Morgan fué sorprendido por agentes de policía de madrugada cuando se encontraba cerca de un vehículo en actitud sospechosa, y antes de ser interceptado, lanzó un objeto al suelo. Ese objeto resultó ser un radiocassete robado de un vehículo cercano, al que se le había forzado el bombín de la cerradura. Ante ese escenario, Morgan fue detenido y conducido a Comisaría, donde además le fue intervenido un destornillador y una pequeña linterna.

Morgan iba indocumentado en el momento de la detención, por lo que se le identificó mediante las huellas dactilares, se le informó de sus derechos en su declaración ante el instructor y letrado de oficio, pero no quiso prestar declaración, manifestó que deseaba efectuarla ante autoridad judicial.

Ante los indicios de infracción penal, se remitió denuncia al Juzgado de Instrucción Penal, el cual inició diligencias previas dando cuenta al Ministerio Fiscal. El juzgado, tras tomar declaración a Morgan en la que éste negó todos los hechos, consideró que existían motivos para considerarle penalmente responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas, y le concedió la libertad condicional hasta que fuera requerida su presencia ante el Juzgado.

El Ministerio Fiscal solicitó 2 años de prisión por delito de robo con fuerza, inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo e indemnización por responsabilidad civil a la dueña del vehículo, siendo competente para conocer de este asunto el Juzgado de lo Penal.

Se mandó oficio a la Policia Local de Alcalá de Henares, lugar donde supuestamente tenía su domicilio el acusado, pero la gestión resultó infructuosa, por lo que, al incumplir el requisito de comparecencia ante el órgano judicial, se decretó su detención y presentación ante el Juzgado.

4 días más tarde, el acusado fue nuevamente detenido por un hecho similar al producido en la primera detención, habiendo forzado en esta ocasión 2 vehículos, en los que extrajo 2 radiocassetes y diversos objetos de su interior, y esta situación permitió además que Morgan fuese debidamente notificado de la apertura del juicio oral en su contra por el primer delito. Ante esta notificación, la defensa de Morgan presentó en plazo sus conclusiones provisionales en las que se mostró disconforme con los todos los hechos, pidiendo su absolución.

Se llevó a cabo el Juicio Oral 2 años más tarde, el 11 de octubre de 2016, dictando Sentencia el Juzgado el 13 de octubre, y en el se determinaron varias cuestiones:

- Se acusó a Morgan por tentativa de robo con fuerza, no por delito consumado, por lo que el MF modificó su calificación inicial del grado de ejecución.

- Se estimaron dilaciones indebidas en el proceso por causas ajenas al imputado, por lo que se consideró atenuante.

- El acusado confesó los hechos y sus motivos ante el Juez.

El Juzgado de lo Penal lo consideró responsable de delito de robo con fuerza en grado de tentativa, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, condenándole a pena de 6 meses de prisión con accesoria de inhabilitación para ejercicio de sufragio pasivo durante la condena y al pago de 80€ en concepto de responsabilidad civil además de las costas procesales derivadas del procedimiento.

Morgan presentó recurso de apelación porque no se había tenido en cuenta su drogadicción como atenuante de la pena, pero fué desestimada por la Audiencia Provincial, al no quedar acreditada, por lo que al adquirir firmeza la Sentencia, el  Juzgado Penal de Ejecutorias inició los trámites de Ejecución, solicitando la defensa la suspensión de la misma, cuestión que resultó infructuosa.

Finalmente a finales de 2017 (3 años después de la comisión del delito), al estar ya cumpliendo condena en prisión por otros delitos de robo con fuerza, se le practica liquidación de condena, y se añaden los 6 meses de prisión correspondientes a este proceso, a cumplir desde abril de 2023 hasta septiembre de 2023.

El objetivo del cliente es conseguir la absolución del delito por el que se le acusa, pero una vez demostrado en juicio oral su culpabilidad como autor de robo con fuerza en las cosas, intenta disminuir sus efectos penales, mediante la confesión, la atenuación de la pena por dilaciones indebidas, la consideración de grado de tentativa del delito o la eximente incompleta de drogadicción, y finalmente mediante la suspensión de la ejecución de condena.

Excepto la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso y la disminución del grado de ejecución, el cliente no consigue la valoración positiva del Juez de ninguna de las demás consideraciones expuestas en las diferentes fases del procedimiento, por lo que finalmente es condenado en 2017 a 6 meses de prisión, a cumplir en el año 2023 (de lo cual se deduce que le quedaban por cumplir 6 años de prisión por anteriores delitos en el momento de la condena).

La estrategia inicial del abogado es lograr la absolución de su cliente negando la comisión del delito.

Una vez celebrado el Juicio Oral, la estrategia seguida por el abogado fue alegar dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento , ya que transcurrieron 2 años desde la notificación de apertura de juicio oral hasta que fue llevado a término, y también solicitar en el juicio oral la consideración del grado de tentativa en la ejecución (el objeto robado fue lanzado al suelo antes de su detención).

Después de dictada sentencia en primera instancia, el abogado intentó alegar mediante recurso de apelación que el acusado es drogodependiente y en el momento de la comisión del delito se encontraba bajo los efectos de las drogas, llevándole dicho estado a actuar de la manera descrita, con el objetivo de lograr la anulación de la sentencia anterior y que se dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta esta atenuante.

Una vez desestimada, el abogado centra sus esfuerzos en lograr una suspensión de la ejecución de condena ya que su cliente reúne los requisitos para ello, pero el Juez la deniega al encontrarse el penado cumpliendo pena de prisión por anteriores delitos.