Por sentencia de fecha 19 de Julio de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia no. 2 de Parla, en los Autos de Juicio de Divorcio Consensuado se decretaba el divorcio del matrimonio, señalándose como pensión compensatoria la cantidad de 350 euros, mensuales a cargo de mi representado a favor de Doña. Juana. 

El demandante actualmente ha sido despedido de la empresa en la que estaba trabajando y desde el mes de Junio de 2010 se encuentra cobrando el paro quedándole un importe de aproximadamente 990 euros. Que en Septiembre y Diciembre del 2010 ambos cónyuges procedieron a vender los inmuebles que constituían los bienes del matrimonio, siendo estos 2 viviendas, las cuales vendieron mediante compraventas, la primera de ellas el 14 de Septiembre de 2010 y la segunda el 14 de diciembre de 2010, percibiendo cada uno de los cónyuges por dichas ventas la cantidad aproximada de 79.000 euros. 

El demandante actualmente paga una hipoteca por su vivienda, cuyo recibo mensual es de 910, 47 euros, que además paga mensualmente 86,34 euros en concepto de cuota de comunidad de propietarios. Prácticamente el pago de lo que recibe el paro, lo destina íntegramente a la totalidad del pago de la hipoteca, el resto de los gastos del día a día, mi representado los va sufragando del dinero que percibió de la compraventa de los inmuebles, por lo que se encuentra en exacta igualdad de condiciones que la demandada Doña. Juana y por lo tanto esta parte entiende que es del todo injusto que se le solicite a mi representado que haga frente a una pensión compensatoria la cual no va a poder hacerle frente. 

El objetivo del cliente es demostrar que han cambiado las circunstancias originales que dieron lugar a la pensión compensatoria, luego de la disolución del matrimonio y que por lo tanto no puede hacer frente a una pensión compensatoria que fue fijada en el convenio regulador. 

La estrategia del abogado es poner de relieve las circunstancias actuales de D. Luis que no le permiten seguir haciendo frente a una pensión compensatoria impuesta por el convenio regulador y que se cumplen los requisitos legales para modificar las medidas definitivas impuestas por dicho convenio.