La demandante es mayor de edad, soltera y residente en la comunidad autónoma de Madrid. El siete de septiembre de 2011, el juzgado de lo social 33 de Madrid estimó la demanda interpuesta por la actual querellante del caso que nos ocupa. En dicha reclamación se reconocía que la parte actora estaba afecta a un grado de gran invalidez, con los efectos inherentes a esta reclamación. La estimación de la ya citada demanda se fundamentaba en su mayor parte en las manifestaciones presentadas por la Doctora de la querellante, Milagros Cura ya que dichas manifestaciones no dejaban lugar a duda sobre la situación médica de la parte actora.

En línea con lo anterior, la médica alegaba que, Doña Lila, necesitaba permanentemente de una silla de ruedas, lo que le provocó una importante escoliosis lumbar que precisó de operación para impedir una insuficiencia respiratoria. Esta operación presentó complicaciones por rotura de injerto óseo, lo que precisó de medicación con efectos secundarios de somnolencia diurna. La médica concluía su alegato manifestando que la demandante se encontraba totalmente impedida y necesitada de la constante ayuda de su hermano para realizar las labores básicas del día a día. En resumen, la sentencia que se aporta como documento, tuvo en cuenta la prueba pericial y testifical de la Doctora que atendía habitualmente a la querellante, la cual conocía a la perfección su situación médica y personal por haberla tenido incluso que asistir personalmente en su domicilio. 

La sentencia del Juzgado de lo Social nº33, fue recurrida por el INSS. El TSJ de Madrid compuesto por las tres magistradas hoy querelladas, revocaron la sentencia en la que se había reconocido a la parte actora el grado de gran invalidez. La revocación de la sentencia alegaba que no constaba probado que la parte actora precisase de asistencia de otra persona para la realización de los actos más esenciales de la vida cotidiana, incluyendo la subsistencia, la guarda de la dignidad y la higiene y decoro. Ante esta resolución la hoy querellante anunció la formalización del correspondiente Recurso de Casación para la unificación de doctrina. Cuando se iban a retirar los Autos ante el TSJ con objeto de materializar el Recurso de Casación, el letrado de la mandante se encuentra con que no constaba en las actuaciones el disco relativo a la grabación del juicio. El disco fue puesto en manos del letrado de la querellante el 27 de mayo de 2013. Debido a ello, quedó en suspenso el plazo para la formalización del recurso de casación y se procedió a la solicitud de la Nulidad de Actuaciones por la grave irregularidad detectada. Dicha petición de nulidad fue desestimada por los mismos magistrados ahora querellados.

Finalmente, la querellada, al formalizar el recurso de Casación, volvió a alegar la Nulidad de Actuaciones. El TS no admitió a trámite el Recuso de Casación al no haber aportado sentencia de contraste sobre la nulidad pretendida. Cabe citar que dicha sentencia de contraste no se pudo aportar debido a que cuando la parte actora anunció el correspondiente Recurso de Casación, desconocía la irregularidad citada.

Que se declare que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ahora querellados han cometido una grave imprudencia que ha traído consigo una sentencia manifiestamente injusta, al no haber tenido a su disposición la grabación del Acto del Juicio Oral que tenían que revisar para emitir la resolución del recurso.

Probar mediante los documentos aportados al escrito de demanda que los Magistrados querellados han dictado a sabiendas una resolución injusta por imprudencia grave o ignorancia inexcusable. Es decir, la estrategia se basa en justificar que no puede revisarse una Sentencia sin tener la grabación del Acto del Juicio Oral de la sentencia que tiene que revisarse.