El supuesto de hecho se inicia cuando los funcionarios adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura superior de Cantabria detienen a Doña Paola, de origen brasileño, en una calle de Torrelavega, constando que, con fecha 27/03/2014, se le había incoado un expediente de expulsión del territorio español por no carecer de autorización de residencia, siendo resuelto por la Delegación del Gobierno de Cantabria con la sanción de multa de 501 euros y la obligación de abandonar el territorio nacional..

Tras esto, la autora de la infracción cometida, presenta un escrito de alegaciones solicitando la no expulsión e instando que se le aplique únicamente una sanción de multa dado su arraigo en España, siendo denegada por la Dirección del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Cantabria e imponiéndole, además, la prohibición de entrada en el territorio español durante un periodo de tres años por tratarse de una infracción grave.

Por ello, Doña Paola interpone un recurso contra la resolución de la Delegación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, solicitando la anulación de las resoluciones sancionadoras, siendo a tenor de esto suspendida temporalmente dicha resolución mediante auto del Juzgado y siendo posteriormente la demanda desestimada en su integridad.

El objetivo de Doña Paola es que se anulen las resoluciones sancionadoras que determinan su expulsión del territorio español y prohibición de entrada durante un periodo de tres años.

El abogado considera que la resolución, que está basada en el procedimiento preferente del art. 63 de la Ley de Extranjería, debería tener su fundamento en el procedimiento ordinario del artículo 63 bis, por no cumplir los requisitos que establece el primer artículo mencionado, ya que la aplicación de éste supone una limitación en los plazos que perjudican a su cliente.