Sitges, 01-07-2006

El 15 de marzo de 2002 Doña Juana y Don Felipe contrajeron matrimonio en Sitges bajo el régimen económico matrimonial de separación de bienes al ostentar ambos cónyuges la vecindad catalana y al constar así en las capitulaciones matrimoniales otorgadas. De dicha unión no existen hijos en común. A mediados de julio de 2006 Doña Juana debido a las tensiones de la relación conyugal se marcha con consentimiento de Don Felipe a vivir a Barcelona en un piso de propiedad de éste.
 
La actora manifiesta que la convivencia es difícil y le manifiesta a su cónyuge que desea separarse judicialmente.

La cliente es Da Juana quien ha decidido separarse judicialmente y desea adelantar los trámites judiciales para que se dicte sentencia y se decrete la separación por las causas que se alegan. 

El abogado le informará a su cliente los efectos de la separación judicial explicándole que ésta no disuelve el vínculo matrimonial, que solo suspende la vida en común de los casados, que los cónyuges no pueden contraer nuevo matrimonio hasta que obtengan el divorcio y que tampoco cambian de estado civil.

Como quiera que lo pretende nuestra cliente es poner fin a la vida en común e iniciar vidas separadas sin disolver el vínculo el abogado interpondrá demanda de separación contenciosa, toda vez que el otro cónyuge ésta en desacuerdo con la separación judicial.

El letrado presentará la demanda sin aportar la propuesta de convenio regulador; pero en la demanda indicará las medidas que deben adoptarse respecto de la pensión compensatoria y el uso de de la vivienda familiar; con el fin de que sean establecidas por el Juez en la sentencia que decrete la separación judicial.

La estrategia del abogado será la de demostrar a lo largo del proceso el derecho a la pensión compensatoria como consecuencia del desequilibrio económico y el cambio de status que supone la separación. En éste sentido el letrado presentará la demanda, acompañada por el certificado de matrimonio así como de aquellos documentos que sirvan para acreditar la situación económica de los cónyuges a efectos de la adopción de medidas de carácter económico (declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales).