Barcelona, 18-01-2007

En fecha de  18 de enero de 2007, fecha de inicio del supuesto, la Comisaría Local de Santa Coloma de Gramenet notifica a doña Asunción, de nacionalidad boliviana, acuerdo de iniciación del procedimiento preferente de expulsión por una presunta infracción grave prevista en el articulo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre y por la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre (LOEX en adelante). El abogado de doña Asunción intentó en varias ocasiones, dentro del plazo de 48 horas establecido por el art. 63.2 de la LOEX, presentar escrito de alegaciones vía fax, pero el aparato de fax de la Administración no funcionaba correctamente, por lo que ello no fue posible. En fecha de 22 de enero de 2003, el abogado de doña Asunción presenta escrito de alegaciones en un Registro público. No obstante las alegaciones efectuadas, el 25 de abril de 2007 se notifica a doña Asunción decreto de expulsión, con prohibición de entrada en España por un período de 3 años. En fecha de 22 de mayo de 2007, doña Asunción interpone recurso de reposición contra la resolución de 16 de abril, que decretaba su expulsión del país. A pesar de la obligación de resolver de la Administración, la Subdelegación del Gobierno no ha resuelto el recurso en el plazo de un mes establecido por el art. 117.2 de la LRJPAC, por lo que este debe entenderse desestimado. Es por esto que doña Asunción interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno.  

El cliente es doña Asunción y su objetivo es que se anule la resolución sancionadora de la Subdelegación del Gobierno por la que se le sanciona con la expulsión de España.

La estrategia del abogado se basa en demostrar que la orden de expulsión de doña Asunción es una medida desproporcionada. Asimismo, el abogado alegará repetidamente el hecho de que su cliente no tiene antecedentes penales, reside desde el año 2004 en España y tiene familiares directos en nuestro país.